El Gobierno de Chaves pone en jaque a los medios populares de Costa Rica
Una vez más, los poderosos atacan la libertad de expresión del pueblo. En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves ha lanzado una subasta millonaria que amenaza con silenciar a dos terceras partes de las radios y televisoras del país. ¿Su excusa? Que ya no habrá más "regalitos" para los concesionarios.
Pero la realidad es otra: esta medida golpea directamente a los medios comunitarios, a las voces críticas y a los trabajadores que dependen de estos espacios de comunicación popular.
Precios estratosféricos para silenciar voces
Los montos que exige el gobierno son escandalosos. Para una radio FM nacional, los empresarios deben desembolsar hasta 386 mil dólares. Para televisión nacional, la cifra se dispara a 1.6 millones de dólares. ¿Quién puede pagar semejantes cantidades? Solo los grandes capitales.
Esta no es casualidad. Es una estrategia calculada para concentrar los medios en manos de unos pocos, dejando fuera a las voces del pueblo, a los medios comunitarios y a las iniciativas locales que tanto necesita nuestra región.
La Iglesia también resiste
Hasta la Conferencia Episcopal costarricense se pronunció contra esta barbaridad. En un comunicado valiente, denunciaron que los medios católicos y comunitarios "no existen para competir con nadie, sino para servir".
La respuesta de Chaves fue típica de los autoritarios: atacó al arzobispo José Rafael Quirós porque Radio María lo critica "todos los días". ¡Qué frágil ego tiene este señor presidente!
Cinco mil trabajadores en la cuerda floja
Mientras Chaves juega con las frecuencias como si fueran fichas de casino, más de 5 mil trabajadores costarricenses ven peligrar sus empleos. La Cámara Nacional de Radio advierte que las 100 frecuencias que operan actualmente se reducirían a apenas una tercera parte.
¿Y a quién le importa? Al gobierno de Chaves, desde luego que no. Para él, los trabajadores son prescindibles cuando se trata de controlar la información.
La justicia interviene
Afortunadamente, la Sala Constitucional de Costa Rica frenó temporalmente esta locura el pasado 26 de noviembre. El magistrado Paul Rueda reconoció el "alto riesgo" que representa esta subasta para los servicios de radiodifusión del país.
Pero la lucha apenas comienza. Los medios populares, los trabajadores y las comunidades organizadas deben mantenerse unidos para defender su derecho a la comunicación.
Un ataque continental
Lo que pasa en Costa Rica no es un caso aislado. Por toda América Latina vemos cómo los gobiernos neoliberales atacan a los medios independientes y comunitarios. Usan las "reglas del mercado" para silenciar las voces críticas y concentrar el poder mediático.
Es hora de que los pueblos de nuestra región se organicen y defiendan sus espacios de comunicación. Sin medios populares, no hay democracia real.