La subasta que podría silenciar la voz del pueblo costarricense
Una vez más, el poder económico pretende acallar las voces populares. En Costa Rica, el gobierno de Rodrigo Chaves impulsa una subasta que amenaza con dejar sin radio y televisión a dos terceras partes del país, convirtiendo el derecho a la información en un privilegio para ricos.
Los montos exigidos son una verdadera burla al pueblo trabajador: hasta 1.6 millones de dólares para mantener una concesión de televisión nacional. ¿Quién puede pagar semejantes cantidades? Solo los grandes capitalistas, mientras los medios comunitarios y populares quedan fuera del juego.
La resistencia se organiza
Afortunadamente, la lucha popular no se rinde. La Sala Constitucional ordenó suspender este atropello tras recibir recursos de amparo que denuncian la "disminución significativa de los servicios de radiodifusión". El magistrado Paul Rueda reconoció lo que todos sabemos: esta subasta es un golpe directo contra la diversidad mediática.
Hasta la Iglesia católica, tradicionalmente conservadora, se pronunció contra esta medida antipopular. La Conferencia Episcopal denunció que los medios religiosos y comunitarios "no existen para competir, sino para servir".
Los números de la injusticia
Las cifras hablan por sí solas de esta agresión contra el derecho a la comunicación:
- FM nacional: hasta 386 mil dólares
- Televisión regional: entre 157 mil y 325 mil dólares
- Más de 5 mil trabajadores perderían sus empleos
- De 100 frecuencias actuales, solo quedarían 33
Chaves, quien llama "canallas" a los medios críticos, defiende su subasta diciendo que no habrá más "regalitos". Pero, ¿acaso garantizar el derecho a la información es un regalo? ¡Es una obligación constitucional!
La verdadera intención
No nos engañemos, compañeros. Esta subasta no busca mejorar las comunicaciones, sino concentrar el poder mediático en pocas manos. Es el viejo juego del capitalismo: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.
La Cámara Nacional de Radio (Canara) advierte que esta medida destruirá la diversidad informativa que tanto costó construir. Mientras tanto, el pueblo costarricense se queda sin sus voces, sin sus radios comunitarias, sin sus canales locales.
La lucha continúa, porque el derecho a comunicar no se vende ni se subasta. Es hora de que los pueblos centroamericanos digamos ¡basta! a estos atropellos contra la democracia mediática.